La Asociación Alonso Quijano es una organización no gubernamental que tiene su sede en Madrid, desde el año 2005 participa en diferentes foros y se ha consolidado como uno de los grupos más activos del territorio nacional. Con los pocos medios disponibles y la falta de información y formación sobre Derechos Humanos es difícil confeccionar un informe. Aún así los usuarios de los servicios de salud mental deben participar en los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos.
En España existen cada vez más grupos y asociaciones donde la participación de las personas con diversidad mental es relevante. Hay una voluntad decidida de organizarse y tener comunicación entre los distintos grupos para que la representación del colectivo en primera personas sea pronto una realidad.
La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (CDPD) y su protocolo facultativo entraron en vigor en el año 2008. Las Asociaciones de usuarios y usuarias están empezando a poner en su agenda la cuestión de los Derechos humanos.
Las personas con diversidad mental (discapacidad mental) tienen el derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación debido a su discapacidad. Deben recibir la misma gama, calidad y nivel de servicios de salud que se proporcionan a otras personas, recibir los servicios de salud que necesiten debido a su discapacidad, (Artículo 25). Desde las Asociaciones de usuarios se destaca que aún no está asegurado este derecho. Los protocolos, costumbres y prácticas que se da en el trato a los ciudadanos con enfermedad mental en los centros de atención primaria, especializada y hospitales es diferente al trato recibido por cualquier ciudadano sin diversidad mental, por ejemplo existen cerrojos en las puertas de entrada de las zonas de hospitalización psiquiátrica de los hospitales generales, régimen de visitas de familiares diferente, mobiliario deteriorado. Algunas enfermedades que también tienen que ver con el proceso de salud mental quedan sin diagnosticar y no se recibe tratamiento, como por ejemplo la atención a los trastornos metabólicos y hábitos de vida saludable.
No habiendo un protocolo para todo el territorio español para la actuación en ingresos hospitalarios, ni en los ingresos voluntarios ni en el los ingresos involuntarios. Lo que constituyen una discriminación respecto al mejor trato que reciben los otros enfermos (Artículo 4).
Tampoco existe un protocolo para todo el sistema sanitario sobre las medidas coercitivas que se siguen aplicando.
No se ha cambiado la estrategia en el apoyo para las personas que precisan de ayuda para tomar decisiones, de manera que reciban apoyo para tomarlas, en lugar de sustituir su voluntad por la de otras personas (Art. 12); también hay un incumplimiento del art.19 de la CDPD dada la obligación de los estados de adoptar políticas que promuevan la vida independiente y la vida en comunidad , erradicando así las políticas que desplazan a los ciudadanos a hospitales de larga estancia en las que son aisladas de la comunidad.
Nuestro país se encuentra entre los países europeos que relativamente dedica menos esfuerzo económico a los problemas de salud mental y al gasto en protección social. La mayoría del gasto en salud pública se concentra en servicios hospitalarios y en farmacia. Una parte de personas con enfermedad mental no reciben tratamiento adecuado. Porque la asistencia se limita a la aplicación de tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicoterapéuticos no llegan a todos. No están suficientemente desarrollados los servicios comunitarios de apoyo para poder encontrar y permanecer en un trabajo, acceder a la formación, y tener un lugar de residencia con los servicios adecuados para atender al cuidado de la salud física y mental. La atención a las personas con diversidad mental se ha dejado en manos de sus familiares mas allegados sin haberles proporcionado los apoyos necesarios.
Los centros penitenciarios se han convertido en sustitutivos de las carencias de los sistemas de salud mental pasando a ser considerados recursos de carácter asistencial para las personas con enfermedad mental que han delinquido, a pesar de que la mayor parte de estos delitos de producen como consecuencia de la ineficacia en el tratamiento y seguimiento de estas personas.
El sistema sanitario Penitenciario no esta incluido en el sistema nacional de salud, existiendo una deficiente atención a los problemas de salud mental. No esta resuelto el problema de la atención en los centros penitenciarios de las personas con diversidad mental, no hay programas de rehabilitación psicosocial, ni continuidad de cuidados ni de los tratamientos a la excarcelación. Actualmente aquellos que salgan en libertad sin apoyo familiar, ni respaldo social y económico, retornarán al submundo marginal y de subsistencia en la calle.
Con respecto al Artículo 14 de la CDPD sobre Libertad y seguridad de la persona el informe anual 2009 sobre Derechos Humanos de CERMI dice que la falta de atención y previsiones adecuadas en el tratamiento de la salud mental ponen en peligro la libertad y seguridad de las personas con discapacidad psicosocial. Y FEAFES realiza una propuesta de intervención terapéutica basada en los principios de atención integral de las personas con enfermedad mental y de sus familias con especiales dificultades y necesidades, en línea con los principios de actuación asumidos por la Estrategia de Salud Mental. Se aboga porque cada persona diagnosticada con una enfermedad mental tenga garantías de un tratamiento integral adecuado, es decir, que contemple todas las medidas terapéuticas necesarias, reconociendo y reivindicando el centro/unidad de salud mental comunitaria como estructura básica de atención. Dicho centro/unidad de salud mental comunitaria deberá contar con un equipo multidisciplinar que asegure la necesaria continuidad de cuidados, desde una perspectiva de accesibilidad y adaptación a las necesidades de cada persona, la atención domiciliaria y de tratamiento asertivo. Ello evitaría cualquier posibilidad de tratamiento ambulatorio involuntario y evitaría los internamientos como medida reactiva a episodios agudos.
Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación de las personas con diversidad mental debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad (art 24).
La no existencia de programas efectivos para detectar problemas de salud mental a edades tempranas hace que muchas personas queden fuera del sistema educativo. No existiendo tampoco programas específicos de educación de adultos con problemas de salud mental. Para que las personas con diversidad mental logren la máxima independencia y capacidad, se deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas de la salud, el empleo y la educación (Artículo 26).
Existe una insuficiencia de recursos destinada a facilitar la inserción laboral, acceso a la vivienda y a la cultura. Hay muy pocas personas con diversidad mental que tienen trabajo. La asistencia personal no se presta para todas las personas con diversidad mental y no se conocen casos de personas con diversidad mental con este tipo de apoyo para el estudio y el trabajo normalizado.
Para concluir decir que los prejuicios y las actitudes negativas hacia la salud mental y hacia el colectivo constituyen una barrera mental en muchas ocasiones infranqueable para acceder a la educación, al empleo, a la salud, la vivienda, el ocio y la cultura. Siguen existiendo titulares de noticias del tipo “Enfermo mental mata a…” que contribuyen a perpetuar el estigma y la discriminación de las personas con diversidad mental. Las noticias positivas campañas anti-estigma de las asociaciones y de las instituciones no tienen mucha repercusión mediática.
En Madrid a 10 de diciembre de 2010.
Juan Carlos Casal
Presidente de la Asociación Alonso Quijano
EL SECRETO DE LAS TORTUGAS, Maldita Nerea
